2026-10-29 · Primicias
Camarón, brócoli y atún en juego: la Asamblea Nacional tendrá la última palabra sobre el acuerdo comercial con EE.UU.
La Corte Constitucional determinó por unanimidad que el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos debe ser aprobado por el Legislativo antes de entrar en vigor. El tratado busca eliminar la sobretasa del 10 % que afecta exportaciones ecuatorianas equivalentes a USD 2.786 millones
El miércoles 16 de octubre, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un fallo por unanimidad: el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos en marzo de 2026 no puede entrar en vigencia sin el voto previo de la Asamblea Nacional. Según el alto tribunal, el tratado compromete al país a modificar leyes nacionales e involucra acuerdos de integración y comercio, dos causales que bajo el artículo 419 de la Constitución exigen aval legislativo obligatorio.
El acuerdo, negociado durante casi un año entre los equipos de Quito y Washington, busca eliminar la sobretasa del 10 % que el gobierno de Donald Trump impuso a más de la mitad de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. En números concretos, eso representa alrededor de USD 2.786 millones anuales en productos como camarón —el mayor rubro de exportación no petrolera del país—, brócoli, atún en conserva, pitahaya y otros alimentos, además de artículos como sombreros de paja toquilla, bolsos y calzado.
No todos los productos ecuatorianos están en la misma situación. El banano, el cacao, las flores y los minerales quedaron fuera de esa sobretasa desde el inicio, por lo que sus exportadores no dependen directamente de que el acuerdo entre en vigor. El camarón, en cambio, tiene mucho en juego: el sector creció un 18 % en sus ventas al exterior en los primeros ocho meses de 2026 y apuesta a que este trato con Washington consolide ese impulso.
A cambio, Ecuador se comprometería a reducir aranceles para maquinaria agrícola estadounidense y equipos industriales, y a adoptar compromisos en comercio digital, propiedad intelectual, y estándares laborales y ambientales. El acuerdo también incluye provisiones migratorias: Ecuador exigiría visas de tránsito a ciudadanos de países considerados de alto riesgo que cruzan el territorio hacia la frontera norte.
Con el fallo de la Corte, la decisión queda ahora en manos de los legisladores. La Asamblea deberá debatir y votar el texto, mientras la propia Corte continúa su análisis para determinar si el acuerdo es compatible con la Constitución. Del resultado de ambos procesos depende si Ecuador logra mejorar sus condiciones de acceso al mercado de su principal socio comercial.