De 6 años a 45 días: Ecuador aprueba una de las leyes de extradición más veloces de la región

La Asamblea Nacional dio este martes 8 de julio un paso sin precedentes en materia de cooperación judicial internacional: aprobó una nueva Ley de Extradición con 139 votos a favor y una sola abstención, de los 140 asambleístas presentes. La norma, que reemplaza una ley que llevaba 26 años sin actualizarse, reduce el tiempo máximo para completar un proceso de extradición de seis años —o más— a solo 45 días. El respaldo fue tan amplio que incluyó a la Revolución Ciudadana, el principal bloque de oposición al gobierno de Daniel Noboa.

La reforma viene con un respaldo ciudadano previo. En 2024, los ecuatorianos aprobaron en referéndum la eliminación de la prohibición constitucional que impedía extraditar a sus propios nacionales. Con ese obstáculo removido, el primer caso concreto fue el de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de Los Choneros —la banda criminal más antigua del país—, enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. La nueva ley convierte ese proceso en norma permanente: define quién hace qué, en qué plazo y bajo qué condiciones, sin dejar espacio para las demoras que antes podían extender un trámite de dos años a más de seis.

Entre los cambios clave: la ley crea una unidad técnica especializada para analizar cada solicitud, establece definiciones precisas sobre extradición activa (Ecuador pide a otro país la entrega de un buscado) y pasiva (Ecuador recibe la solicitud de otro Estado), y excluye expresamente los delitos políticos. La legisladora Rosa Torres, ponente del proyecto, lo explicó con claridad: "Lo que estamos haciendo es acortar los plazos, previamente establecer responsabilidades, para que no sean dos años sino que sean 45 días." La ley también otorga al presidente la potestad de rechazar una extradición por razones de seguridad nacional, un punto que generó debate entre legisladores.

Para Ecuador, esta ley envía una señal directa al mundo: el país que durante décadas fue visto como un laberinto burocrático para los procesos de entrega de criminales ahora ofrece a sus socios internacionales —Estados Unidos en primer lugar— una respuesta rápida y predecible. Con el narcotráfico y el crimen organizado operando cada vez más sin fronteras, y con Ecuador en plena expansión de su cooperación en seguridad con Washington, esta reforma cierra un vacío que muchos fiscales internacionales conocían bien. El presidente Noboa debe ahora sancionar u objetar la ley.