Ecuador abre sus puertas al Ejército de EE.UU.: militares y contratistas pueden entrar sin visa y con inmunidad migratoria

El 18 de agosto de 2026, el ministro de Defensa ecuatoriano Gian Carlo Loffredo recibió en Quito al general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. El tema de la reunión fue claro: reforzar la cooperación militar contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El Ministerio de Defensa describió la alianza como una forma de "sumar capacidades, inteligencia y cooperación para golpear con mayor fuerza a las mafias". También estuvo presente el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado.

Dos días después, el 20 de agosto, el gobierno ecuatoriano publicó un acuerdo ministerial que hace concreta esa cooperación. El documento establece que el personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los empleados civiles del Departamento de Defensa, y las empresas contratistas y subcontratistas pueden ingresar a Ecuador sin necesidad de visa especial. El ingreso permite estancias de hasta 180 días no renovables por año, con entradas múltiples, y los funcionarios quedan exentos de sanciones administrativas migratorias durante su permanencia en el país.

El acuerdo llega en el contexto de una alianza que Ecuador formalizó en marzo de 2026 al unirse al "Escudo de las Américas", una coalición impulsada por Washington que reúne a 18 países de la región con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico. Desde que Ecuador declaró su conflicto armado interno en enero de 2024, las Fuerzas Armadas han incautado 417 toneladas de droga, una cifra que refleja tanto la magnitud del problema como la intensidad del esfuerzo militar en el país.

El texto del acuerdo deja sin respuesta varias preguntas que generan debate: no especifica cuánto personal podrá ingresar, no exige un registro público de los nombres de personas ni empresas autorizadas, no delimita las zonas donde podrán operar, ni aclara las reglas sobre portación de armas o los mecanismos para investigar posibles daños a civiles. Esos vacíos han alimentado críticas de sectores que cuestionan el alcance de la medida en términos de soberanía nacional.

Para Ecuador, la apuesta es clara: reducir el poder del crimen organizado con el apoyo logístico, de inteligencia y tecnológico del país más poderoso del hemisferio. El reto es encontrar el equilibrio entre esa necesidad urgente de seguridad y las garantías que cualquier ciudadano ecuatoriano tiene derecho a exigirle a su propio Estado.