2026-10-10 · Human Rights Watch / La Opinión
Ecuador absuelve a 32 pescadores retenidos tras operaciones navales de EE.UU. en el Pacífico
Un tribunal de Manta declaró inocentes a 32 tripulantes ecuatorianos cuyas embarcaciones fueron interceptadas y destruidas por fuerzas estadounidenses. Human Rights Watch exige a ambos gobiernos revelar la base legal de los ataques.
Entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y destruyeron ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el océano Pacífico. Más de 140 de los 160 tripulantes fueron detenidos antes de ser entregados a las autoridades ecuatorianas; los 20 restantes fueron rescatados días después por la Armada del Ecuador.
Washington justificó las operaciones al afirmar que los barcos funcionaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible para lanchas vinculadas al grupo criminal Los Choneros. Las acciones se habrían coordinado con el gobierno de Ecuador. Sin embargo, ni el Comando Sur de Estados Unidos ni la Fiscalía ecuatoriana han presentado pruebas públicas que vinculen individualmente a los tripulantes con algún delito, según concluyeron los abogados defensores.
El pasado 2 de octubre, Human Rights Watch publicó un informe en el que exige a ambos gobiernos revelar la base legal de las operaciones, explicar los criterios utilizados para destruir los barcos e investigar los abusos denunciados. Varios pescadores relataron haber sido golpeados, presionados para firmar documentos que no comprendían y privados de alimentos, agua y baño mientras permanecían en custodia.
El miércoles 8 de octubre, una jueza en Manta declaró inocentes a 32 de los detenidos —ocho tripulantes del Conquista 2 y veinticuatro del María Candelaria— al concluir que la Fiscalía no logró demostrar ningún delito. El caso forma parte de un proceso más amplio: en total, 88 tripulantes de cinco embarcaciones están involucrados, y dos juicios adicionales siguen pendientes.
Para Ecuador, el episodio plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación en seguridad con Estados Unidos cuando implica detener ciudadanos sin evidencias sólidas? Que sean jueces ecuatorianos quienes estén corrigiendo lo que los propios tribunales calificaron como detenciones ilegales es, al menos, una señal de que la justicia local aún puede actuar con independencia.