Ecuador entra por primera vez al Índice Global de Tortura con calificación de 'alto riesgo'

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó en junio de 2026 su Índice Global de Tortura, y por primera vez en la historia Ecuador figura en ese listado. El país entró directamente con una calificación de 'alto riesgo' en cinco de las siete dimensiones que evalúa el índice, que este año analiza las condiciones de derechos humanos en 26 naciones del mundo.

El informe documenta 369 denuncias de tortura registradas entre 2024 y 2026, así como al menos 51 desapariciones forzadas que la OMCT atribuye presuntamente a agentes del Estado durante operativos militares. Seis de las personas desaparecidas eran niños o adolescentes. En cuanto a impunidad, el panorama es crítico: solo existe una condena por tortura pese a los cientos de casos, y ninguna por desaparición forzada, ejecución extrajudicial o uso excesivo de la fuerza.

El índice señala que Ecuador ha acumulado más de 500 días con garantías constitucionales restringidas bajo sucesivos estados de excepción decretados desde que el presidente Daniel Noboa asumió el cargo. La OMCT advierte que 'la expansión de los poderes militares en seguridad interna ha creado un escenario que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos y debilita los mecanismos de rendición de cuentas'. Los grupos más afectados, según el informe, son afrodescendientes, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, y niños y adolescentes.

Que Ecuador aparezca en este índice internacional tiene consecuencias directas: daña la imagen del país ante organismos multilaterales, puede afectar el acceso a financiamiento internacional, y pone presión sobre el gobierno de cara a las elecciones de 2025 y al escrutinio de socios comerciales como la Unión Europea, que cada vez ata más sus acuerdos de libre comercio a condiciones de derechos humanos. Para los ecuatorianos en el exterior, esta calificación también refuerza la narrativa que asocia al país con inestabilidad, algo que complica gestiones migratorias y de imagen.

Organizaciones de derechos humanos dentro del país llevan meses documentando estos casos y exigiendo acceso independiente a las cárceles, acceso que fue restringido por decreto. La inclusión en el índice de la OMCT convierte esas denuncias locales en un problema de agenda internacional, con mayor visibilidad y más difícil de ignorar.