2026-10-24 · EFE / El Comercio
El tercer juicio en Manta: 46 tripulantes más enfrentan cargos por los barcos que hundió la Marina de EE. UU.
Un juzgado en Manta retoma este viernes el proceso penal contra 46 tripulantes de dos embarcaciones hundidas por el Comando Sur de Estados Unidos en el Pacífico. La audiencia, suspendida el 8 de octubre, es el episodio más grande de un caso que ya le devolvió la libertad a 32 pescadores.
Entre agosto y septiembre de 2026, el Comando Sur de EE. UU. hundió cinco embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el Pacífico, bajo el argumento de que servían como "estaciones flotantes" para reabastecer de combustible a lanchas que llevaban droga hacia Norteamérica. Los barcos hundidos fueron el Conquista 2, la María Candelaria, el Don Rufo, el X Siempre Don Carlos y la Karla Franccesca. En total, 88 tripulantes fueron detenidos y procesados por la Fiscalía.
Este viernes 23 de octubre, un juzgado de garantías penales en Manta retoma la audiencia contra los 46 tripulantes del X Siempre Don Carlos y la Karla Franccesca. Esta era la tercera —y más numerosa— de las tres causas abiertas. El proceso estaba previsto para el 8 de octubre, pero el juez lo suspendió ese día porque dos testigos clave de la Fiscalía no se presentaron. Hoy, con los testigos citados nuevamente, la audiencia reinicia.
La Fiscalía acusa a los 46 hombres de "asociación ilícita" y los vincula al grupo criminal Los Choneros. Pero la defensa rechaza esos cargos de plano. El abogado Juan Alvia señaló que no existe evidencia concreta que implique a los tripulantes, y que un supuesto documento que los marinos de EE. UU. habrían retenido como prueba nunca fue entregado a la justicia ecuatoriana. Los 46 procesados están libres pero con prohibición de salir del país y obligación de presentarse semanalmente ante el fiscal.
El resultado del primer juicio sienta un antecedente poderoso: la jueza que evaluó el caso de 32 tripulantes del Conquista 2 y la María Candelaria los absolvió, argumentando que las embarcaciones fueron hundidas sin autorización del sistema fiscal ecuatoriano —destruyendo la escena del crimen— y que la evidencia presentada era insuficiente para sostener los cargos.
El caso movió las aguas de la diplomacia entre Quito y Washington. El Gobierno de Noboa había respaldado la cooperación con EE. UU. para frenar el narcotráfico en el mar, pero las familias de los pescadores protestaron en los puertos de Manabí, y juristas advirtieron que permitir que fuerzas extranjeras destruyan embarcaciones sin proceso legal previo pone en entredicho la soberanía marítima del Ecuador. Lo que resuelva el juez en Manta marcará el final de uno de los operativos antinarcóticos más polémicos de los últimos años.