2026-10-14 · Expreso / EFE
Human Rights Watch exige explicaciones a EE.UU. y Ecuador por los ocho barcos pesqueros destruidos en el Pacífico
La organización internacional documentó que ninguno de los dos gobiernos ha mostrado pruebas sólidas contra los tripulantes. Una jueza en Manta ya absolvió a 32 marineros por falta de evidencias.
Entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, marines de Estados Unidos interceptaron y hundieron ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el Océano Pacífico. Las operaciones se realizaron según Washington en coordinación con las autoridades de Ecuador, y apuntaban a barcos que supuestamente operaban como estaciones flotantes de combustible para lanchas rápidas dedicadas al tráfico de droga con rumbo a Norteamérica.
El 2 de octubre, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que exigió a ambos gobiernos revelar la base jurídica de esas acciones. Tras entrevistar a 27 personas —capitanes, marineros, familiares y abogados— y revisar expedientes judiciales, la organización concluyó que ninguno de los dos países ha mostrado evidencias sólidas que vinculen individualmente a cada tripulante con un delito concreto. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, señaló que combatir el tráfico ilícito de combustible puede ser legítimo, pero advirtió que eso no justifica detener personas sin pruebas.
El 8 de octubre llegó el primer veredicto judicial: una jueza de la Unidad Judicial Penal de Manta absolvió a los 32 tripulantes de los pesqueros Conquista II y María Candelaria —hombres de entre 19 y 64 años, ninguno con antecedentes penales— porque la Fiscalía no logró probar ningún acto ilícito. A bordo no se encontraron drogas, armas ni combustible fuera de lo normal; los teléfonos incautados solo contenían fotos familiares.
El caso, sin embargo, está lejos de cerrarse. Quedan pendientes dos juicios más: uno contra 46 pescadores y otro contra 10, previstos para las próximas semanas. En total, 56 detenidos ya fueron liberados porque jueces ecuatorianos declararon ilegal su aprehensión, mientras otras 90 personas siguen con procesos activos en libertad.
Para Ecuador, el caso toca fibras sensibles: la soberanía marítima, los derechos de los pescadores artesanales y la naturaleza de su cooperación con Estados Unidos en seguridad. La absolución en Manta y la presión de HRW plantean una pregunta que ambos gobiernos deberán responder tarde o temprano: ¿con qué fundamento legal se destruyeron esas embarcaciones y se detuvo a sus tripulantes?