Un millón doscientos mil migrantes esperan respuesta en España: los ecuatorianos en la fila

España lanzó este año un proceso de regularización extraordinaria para migrantes que ya vivían en el país antes del 31 de diciembre de 2025. La idea era ambiciosa: el gobierno estimaba recibir unas 500.000 solicitudes. Lo que llegó fue el doble: casi 1,2 millones de personas presentaron su expediente antes del 30 de junio, el día en que cerró la ventana de inscripción.

El plazo que la normativa le daba al gobierno para resolver la mayor parte de esos casos era de tres meses, es decir, hasta finales de septiembre. Esa fecha llega hoy, y las organizaciones que acompañan a los migrantes en el proceso son claras: el calendario es "imposible de cumplir". Sedoac, una de las asociaciones más activas en este proceso, presentó 328 casos y hasta la semana del 22 de septiembre solo había recibido 15 resoluciones favorables. El gobierno, por su parte, afirma que el proceso "avanza con normalidad" y no publica los datos de cuántos expedientes han sido aprobados.

Los obstáculos más comunes que enfrentan quienes esperan respuesta son la falta de citas para tomar huellas digitales, problemas para acceder a notificaciones digitales, dificultades para conseguir certificados de antecedentes penales desde sus países de origen, y alertas de seguridad en el Sistema de Información Schengen que el propio solicitante debe explicar y resolver. En muchos casos, personas que llevan años viviendo y trabajando en España de forma estable siguen atrapadas en un limbo administrativo sin saber cuándo tendrán una respuesta.

Ecuador tiene una presencia muy importante en España. Más de 400.000 ecuatorianos viven allá, muchos de ellos con décadas de historia en el país, hijos nacidos en suelo español e integración plena en sus comunidades. El 67% de los 1,2 millones de solicitantes son latinoamericanos, lo que convierte este proceso en algo que toca de cerca a miles de familias ecuatorianas en la diáspora.

Para quienes están viviendo esta espera, la noticia de hoy no es un triunfo ni un fracaso definitivo: es un recordatorio de que los plazos del gobierno y los plazos de la vida real no siempre coinciden. Las organizaciones de migrantes piden criterios claros, más personal para resolver expedientes y, sobre todo, respuestas concretas para quienes llevan meses esperando poder trabajar con papeles en regla.