2026-10-20 · La República (Perú) / EFE
Una jueza absuelve a 32 pescadores ecuatorianos cuyos barcos fueron hundidos por EE. UU. en el Pacífico
Un tribunal de Manta declaró inocentes a 32 marineros procesados por narcotráfico tras un operativo naval estadounidense que destruyó dos pesqueros. La Fiscalía no pudo probar ningún delito.
Una jueza de la Unidad Judicial Penal de Manta absolvió a 32 tripulantes de los pesqueros Conquista II y María Candelaria, embarcaciones que fuerzas de Estados Unidos hundieron en el Pacífico entre agosto y septiembre de 2026 bajo la acusación de servir como plataformas flotantes de reabastecimiento para el narcotráfico.
El fallo, conocido el 7 de octubre, determinó que no existían pruebas suficientes para condenar a ninguno de los 32 hombres —de entre 19 y 64 años, todos sin antecedentes penales— por asociación ilícita ni por vínculos con el crimen organizado. La magistrada concluyó que la Fiscalía no logró demostrar que las embarcaciones o su tripulación hubieran cometido acto ilícito alguno.
El abogado defensor Juan Alvia explicó que las pericias realizadas a los teléfonos de los acusados solo mostraron fotografías familiares, y que no se encontraron a bordo drogas, armas ni combustible ilegal. Según Alvia, los documentos estadounidenses que supuestamente vinculaban a sus clientes con el narcotráfico sencillamente "no existen".
El proceso de Manta es el primero de tres juicios que involucran en total a 88 marineros de cinco embarcaciones destruidas en la misma operación. Un segundo juicio, con 46 procesados, estaba programado para el 8 de octubre, y un tercero, con 10 pescadores, fue postergado hasta el 20 de octubre. La defensa considera que el razonamiento aplicado en este primer fallo podría repetirse en los casos restantes, dado que los hechos son, según Alvia, idénticos.
La organización Human Rights Watch ya había pedido a Washington y a Quito que revelaran la base legal de las operaciones de hundimiento y que investigaran las denuncias de maltratos presentadas por algunos tripulantes. El caso plantea preguntas sin respuesta sobre cómo se garantizan los derechos de los pescadores ecuatorianos cuando su seguridad queda en medio de operativos antinarcóticos internacionales en aguas del Pacífico.